Una Trampa perfecta (Investigación III)

Una trampa perfecta

Pero la actual negativa de algunos familiares por conocer la verdadera causa de la desaparición de estos emerretistas, es sólo un aspecto del gran matiz de dificultades que se oponen al reconocimiento de la verdad de los hechos. Las deliberadas trabas puestas por el gobierno fujimorista en aquellos años, han dejado su marca hasta el día de hoy. “Se cambió e incluso no se colocó identidades, hubo un plan de dispersión de restos en varios cementerios en Lima, al no ser tantos eso les dio la facilidad de dispersarlos con mucha mayor eficacia”, asegura Carlos Rivera del IDL.

Nemesia Pedraza, madre de Víctor Peceros, uno de los captores fallecidos al interior de la residencia, recuerda haber tenido que esperar 5 años para confirmar que un montón de restos irreconocibles pertenecían a su hijo. “La Cruz Roja vino a mi casa un día, hace más o menos dos años, me dijeron queremos que viajes a Lima, tu hijo ha muerto ahí en la embajada. Hemos viajado con mi esposo, nos han sacado sangre y después de 5 años ya me dijeron que sí era mi hijo”.

De igual modo Eligia Rodríguez, madre de la “Gringa” Luz Dina Villoslada afirma haber recibido excusas absurdas por parte de las autoridades el día que acudió al hospital de la Policía a reclamar el cuerpo de su hija. Uno de los requisitos para la entrega del cuerpo fue presentar la partida de nacimiento, una exigencia imposible de cumplir para la madre de una joven nacida en la selva y que carecía de documentación alguna. Sólo pudo reconocer el cadáver de su hija 5 años después.

Pero además de las excusas existieron engaños premeditados que lograron despistar a los familiares. La Policía le había comunicado a Eligia que los restos de su hija se encontraban en el cementerio de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores. Luego, la prensa japonesa hizo su aparición asegurándole que la “Gringa” había sido enterrada en el cementerio de Lurín, a donde Eligia acudió, para darse cuenta del engaño después de varias horas de búsqueda. “Encontramos el supuesto nicho, todo viejo, lleno de polvo y telas de araña, ahí le habían marcado encima NN 12, pero jamás me iban a poder engañar, ese nicho no era reciente, no podía tener 15 días”.

Acciones como estas revelan la verdadera intención del Gobierno fujimorista en esos años. Su objetivo central apunta al ocultamiento, a la confusión y al entorpecimiento de las investigaciones con respecto a las identidades de los captores. El Gobierno no encontró mejor forma de protegerse de las acusaciones por ejecuciones extrajudiciales que se avizoraban, o por lo menos retardarlas varios años, que realizar acciones de inteligencia orientadas a crear tal nivel de confusión.

La estrategia de inteligencia utilizada por esos años jugó un papel fundamental en la falta de esclarecimiento que hoy existe en esta historia. Carlos Rivera del IDL menciona que la clave está en la evolución que vivió la estrategia contra subversiva por esos años. “Se pasa de la estrategia militar de tierra rasada, a una estrategia justamente de identificación de los subversivos para eliminarlos. Creo que si la retoma se hubiera presentado en junio del 86 como fue la matanza del Frontón, me imagino que el desenlace habría sido el mismo, matar a todos, rehenes o captores. Pero en el 96 ya habían aprendido”.

Del otro lado de la historia, las fuerzas subversivas respondieron a la estrategia del Gobierno con mecanismos establecidos para proteger su integridad. Uno de ellos fue el sistema compartimentado de información, el cual primó en el grupo de Sendero Luminoso pero también fue modo de subsistencia del MRTA. Los emerretistas eran dispersados en diferentes frentes de combate y recibían un seudónimo distinto a medida que participaban de acciones subversivas. En las reuniones importantes debían usar pasamontañas y sabían que era peligroso conocer los verdaderos nombres de sus compañeros.

“Nosotros no podíamos saber el nombre verdadero, ¿para qué?, eso no era importante. Además era inseguro saberlo, quizá al ser capturado, interrogado y torturado uno podía soltarlo. Nadie sabe hasta qué punto puede resistir la tortura para no delatar a un compañero…Allá en la montaña desde chiquititos no se sabe el nombre, con seudónimo no más”.

Lamentablemente este sistema compartimentado, que muchas veces logró mantener en la clandestinidad los nombres y poner a salvo a los subversivos, jugó en contra de ellos aquel 22 de abril. La confusión de identidades imperante dentro de la célula emerretista funcionó como una trampa perfecta, que sumada a la clara intención del Gobierno de dificultar las investigaciones, dio como fruto lo que hoy conocemos como versión oficial: una lista incompleta, con nombres y apellidos aún cuestionables y un real desconocimiento de la verdadera identidad, es decir de la historia, de aquellos captores.

Una historia sin memoria

A diez años de la toma de la residencia del embajador japonés en Lima, corremos el riesgo de ser víctimas de la enfermedad de la indiferencia ante la impunidad, de la pérdida de la memoria. Para Carlos Rivera del IDL la memoria es algo que siempre debe estar presente y es en definitiva uno de los fundamentos que nos permite ser libres y reivindicar nuestros derechos. “La importancia de la memoria colectiva la da el hecho de que aunque sean dos, tres o una persona la que se ha ejecutado extrajudicialmente, es en sí una persona humana, es un ser que tiene una historia, provenga de donde provenga; y su caso merece justicia”.

Lo cierto es que actualmente existe un proceso judicial que a pesar de haber tenido muchos problemas en su haber continúa en marcha. Este proceso de descubrimiento de la verdad de los hechos implica el reconocimiento de que fueron catorce los captores que tomaron la residencia, permanecieron 126 días allí y luego fueron muertos. Y aún cuando es conocido que un crimen no es más ni menos imputable por el hecho de tratarse de un NN o de una persona con nombre y apellido, estos casos corren el riesgo de ser olvidados.

Es preciso que la historia y sus hechos sean escritos y registrados como realmente se dieron, con protagonistas definidos que estuvieron ahí y que cometieron abusos, que violaron el derecho a la libertad de 72 personas pero que finalmente existieron, tuvieron un nombre, un apellido, familiares y amigos; y murieron en circunstancias no esclarecidas. De lo contrario, sus historias se irán borrando y esto implicará finalmente que el delito mismo se diluya y pierda la importancia que cualquier violación contra los Derechos Humanos merece.
Hoy, estos protagonistas yacen muertos esparcidos en diversos cementerios de Lima; mientras que, del otro lado de la historia, los personajes aún con vida permanecen en un profundo silencio, confiados en que las catorce víctimas pasen al olvido, como fantasmas actores de una leyenda que sucedió hace diez años y en la que aún no se puede estar seguro de nada.